Guerra en Ucrania: la ruptura del orden de seguridad internacional

A tres años del inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, el conflicto ha trascendido el ámbito bilateral para consolidarse como uno de los principales catalizadores de una reconfiguración geopolítica y jurídica a escala global. La guerra ya no puede interpretarse únicamente desde el prisma de la agresión estatal clásica, sino como una ruptura sistémica del orden de seguridad internacional y del corpus jurídico construido desde la Carta de las Naciones Unidas. La pregunta central no es solamente cómo terminará esta guerra, sino si la comunidad internacional logrará reconstruir las bases normativas que la impidan repetirse.

Desde la perspectiva del derecho internacional, la invasión rusa representa una flagrante violación del artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El principio de non-intervention ha sido ignorado por Moscú, quien además ha tratado de justificar su intervención mediante doctrinas unilaterales de protección de rusoparlantes en el exterior y de "autodefensa anticipada", en clara contradicción con los criterios del derecho internacional consuetudinario y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre Kosovo.

Las declaraciones del expresidente Donald Trump, al sugerir una co-responsabilidad de Ucrania en la guerra, no solo socavan la legitimidad del gobierno ucraniano ante la opinión pública internacional, sino que debilitan uno de los pilares fundamentales del orden jurídico internacional: el derecho a la legítima defensa frente a una agresión armada (Artículo 51 de la Carta de la ONU). Este tipo de discursos, junto con las conversaciones bilaterales entre EE. UU. y Rusia en foros como Arabia Saudita sin la inclusión de Kiev, corren el riesgo de normalizar un patrón de negociación sobre la soberanía de terceros países sin su consentimiento expreso, violando el principio de auto determinación.

Desde el prisma de la seguridad internacional, esta guerra ha puesto en evidencia la obsolescencia del sistema de arquitectura defensiva europea. Instrumentos clave como el Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa (CFE), el Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997 y los mecanismos de verificación de la OSCE han sido sistemáticamente erosionados. La retirada de EE. UU. y Rusia de tratados de control de armamento como INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) y Open Skies ha debilitado las capacidades de prevención y respuesta frente a conflictos de alta intensidad. En consecuencia, nos encontramos ante un vacío estratégico que ha sido ocupado por políticas unilaterales, militarización acelerada y amenazas nucleares veladas.

Este deterioro institucional ha tenido efectos colaterales: una carrera armamentista silenciosa en el flanco oriental europeo, un aumento del gasto militar de los países miembros de la OTAN y la emergencia de doctrinas híbridas que difuminan las líneas entre conflicto armado y operaciones encubiertas de desinformación, ciberataques y manipulación política. La decisión de Alemania de eliminar restricciones al uso de armamento por parte de Ucrania, así como el fortalecimiento de la postura defensiva de Polonia y los Estados Bálticos, sugieren que Europa ya no ve el conflicto como un episodio transitorio, sino como un punto de inflexión estratégico.

En el plano de las convenciones internacionales, Rusia ha violado tratados fundamentales como el Memorándum de Budapest de 1994, en el que garantizaba el respeto a la soberanía ucraniana a cambio de la renuncia de Kiev a su arsenal nuclear heredado de la URSS. Asimismo, la Convención de Ginebra ha sido invocada múltiples veces por organizaciones como la Cruz Roja Internacional ante denuncias de crímenes de guerra, deportaciones forzadas y ataques a infraestructura civil. Estas violaciones han sido documentadas por organismos internacionales y elevadas a la Corte Penal Internacional, que ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes relacionados con la deportación de niños ucranianos, lo que añade una dimensión de responsabilidad penal internacional al conflicto.

En este marco, la propuesta de una Ucrania neutral vinculada económicamente a la Unión Europea pero no integrada a la OTAN podría parecer razonable para ciertos sectores diplomáticos. No obstante, cualquier propuesta de este tipo debe ser leída con cautela y desde un enfoque garantista. La neutralidad no puede ser impuesta unilateralmente ni convertida en moneda de cambio; debe surgir del principio de autodeterminación de los pueblos y contar con mecanismos internacionales de garantía de cumplimiento. De lo contrario, solo serviría como una pausa estratégica en el camino hacia un nuevo ciclo de inestabilidad.

Por ello, más allá de los intentos por alcanzar un cese al fuego inmediato, el momento exige una reflexión profunda sobre el rediseño de la arquitectura de seguridad internacional. Esto incluye no solo retomar mecanismos de control de armamento, sino revisar la efectividad de las Naciones Unidas como foro de resolución de conflictos, la legitimidad de las nuevas alianzas regionales como la Comunidad Política Europea y la posibilidad de crear un nuevo tratado de seguridad paneuropea que incluya, bajo condiciones estrictas, la reincorporación de Rusia a un sistema multilateral.

Estamos, sin duda, ante el colapso de la posguerra fría y el surgimiento de un sistema internacional postliberal, donde los instrumentos del pasado ya no garantizan la paz futura. Sin una respuesta estructural, legal y diplomática que aborde las causas profundas del conflicto y no solo sus síntomas inmediatos, el caso ucraniano podría convertirse en precedente para otras agresiones en territorios como Georgia, Moldavia o incluso los Balcanes.

La historia ha demostrado que los vacíos en seguridad y derecho nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. La elección es clara: o se construye una nueva arquitectura de seguridad con legitimidad y capacidad de respuesta, o se entra en una era de revisionismo militar como nuevo lenguaje de la política internacional.

*El autor es miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Conflicto Rusia-Ucrania de COMEXI.