Lectura 3:00 min
Ratifican la absolución a Luis Abarca por Ayotzi
El asesor de los familiares de los 43 estudiantes interpuso un amparo contra la sentencia de un tribunal que confirmó en mayo de 2023 la absolución de Abarca Velázquez y 19 personas al menos.
Descripción automática
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, negó amparar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, contra la exoneración de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, del secuestro de los estudiantes, cuya sentencia quedó firme.
“ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a las víctimas indirectas”, cita el fallo.
Sujeto a cuatro procesos penales por los delitos de lavado de dinero, contra la salud y delincuencia organizada, el exmunícipe seguirá preso.
El pasado 30 de abril, Abarca Velázquez fue traslado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como El Altiplano, donde purga una sentencia de 20 años como responsable del asesinato de Justino Carbajal Salgado, quien se desempeñó como síndico durante su gobierno, al Centro Federal de Reinserción Social Número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila.
Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y asesor de los familiares de los normalistas desaparecidos hace casi 11 años, interpuso un amparo directo contra la sentencia del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, que confirmó, en mayo de 2023, la absolución de Abarca Velázquez, de Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, y de 18 personas más acusadas de delincuencia organizada en su modalidad de secuestro y delitos contra la salud y delincuencia organizada en su modalidad de secuestro agravado en la causa penal 66/2015, ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con sede en Matamoros.
Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México, y desde entonces los dos se encuentran presos.
El exalcalde de Iguala enfrenta un proceso penal por lavado de dinero por la presunta adquisición con dinero ilícito de 31 inmuebles en Guerrero durante el 2011, por un valor total de 8 millones 330,878.91 pesos; otro por delincuencia organizada por estar presuntamente involucrado con la organización criminal Guerreros Unidos, señalada como la responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y uno más, por el que fue sentenciado a 92 años y 6 meses de prisión, por el delito de secuestro en agravio de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular.
